Expediente Couso. Por Antonio Baquero

EXPEDIENTE COUSO

Los familiares del cámara desaparecido acumulan pruebas para demostrar que el disparo que acabó con su vida fue un ataque intencionado para causar un apagón informativo en Bagdad.

POR ANTONIO BAQUERO

En un despacho de Fort Gordon, en Georgia (EEUU), la sargento Adrienne Kinne, de inteligencia militar, pasa toda la invasión de Irak escuchando conversaciones interceptadas en Bagdad. En mayo del 2008, fuera ya del Ejército, es entrevistada y confiesa: «Se nos dio una lista de objetivos en Bagdad, y el Hotel Palestina estaba catalogado como objetivo potencial (…) Había oído a periodistas alojados allí, hablando con sus familias diciéndoles que estaban a salvo. Cuando vi el hotel pensé que algo estaba terriblemente mal. Expresé mi preocupación a mi mando. Me dijo que alguien de un nivel superior sabía lo que estaban haciendo».

El 8 de abril del 2003, un tanque Abrams dispara contra el hotel, mata en el acto al cámara ucraniano de Reuters Taras Prosyuk, que filma en el balcón de la habitación 1.503, y deja gravemente herido al cámara español José Couso, que graba un piso más abajo y que horas después fallece en un hospital. Sobre ese disparo, EEUU da hasta tres versiones: primero que en el hotel hay un francotirador, luego un tipo con un lanzagranadas y al final un ojeador.

Han pasado ocho años de la muerte de Couso. Ocho años en los que su familia y sus abogados han ido acumulando pruebas que descartan las tesis de EEUU y apuntalan la teoría de que el disparo formaba parte de una estrategia. «Los militares atacan a Al Yazira, a Abu Dhabi TV y a Reuters, las tres cadenas que emitían en directo desde Bagdad. Les atacan intencionadamente para provocar un apagón informativo y que no haya imágenes en directo de la ocupación», comenta Javier, hermano del cámara.

Pero la justicia necesita pruebas como la entrevista de la exsargento Kinne. O como el peritaje de dos doctores en Física de la Complutense, en el que confirman que las fotos tomadas desde el puente en el que disparó el tanque «reproducen fielmente la visión de un visor de 10 aumentos, que es el aumento máximo de los visores de un Abrams M1». En esas imágenes, tomadas por los letrados de la familia Couso en la visita del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en enero a Bagdad, queda patente cómo los militares podían distinguir perfectamente que quien había en los balcones eran cámaras y no francotiradores. En una de las imágenes se ve al empleado de la embajada a quien el juez pidió que se colocara en el balcón para la prueba.

«Al juez le llamó la atención lo diáfano que se ve el hotel desde el puente», cuenta el periodista Carlos Hernández, que acompañó al magistrado como testigo, ya que estaba en Bagdad cuando murió Couso. «Me sorprendió la valentía del juez. No solo porque fuera a Irak, un país peligroso. En el puente, los militares iraquís no querían que se hicieran fotos. El juez, pasando de los gritos de los soldados, se acercó al lugar donde estaba el tanque y tomó fotos».

Además, el vídeo grabado por el propio Couso descarta que el tanque estuviera sufriendo un ataque. «Un tanque nunca se para en medio de un puente. Es el lugar más expuesto que hay. Si estaba ahí es porque nadie le atacaba», dice Javier.

Obstáculos del Gobierno

El juez Pedraz ya ha ordenado la detención del sargento Thomas Gibson, autor del disparo; del capitán Philip Wolford, responsable de la unidad, y del teniente coronel Philip de Camp, jefe del regimiento de blindados. Pero, como denuncia Enrique de Santiago, abogado de la familia Couso, «Interpol se niega a incluir esas órdenes de detención en su base de datos». Los tres militares están acusados de «un crimen de guerra en concurso con un delito de asesinato», comenta De Santiago. «Atacaron a periodistas, que son civiles que gozan de protección internacional en caso de guerra», dice.

EEUU no solo incumple el acuerdo de colaboración judicial que tiene con España al no dar curso a la comisión rogatoria para localizar a los imputados, sino que maniobra para entorpecer esta causa. «El caso Couso es la única causa abierta en el mundo por un crimen de guerra contra militares estadounidenses», dice el abogado, que lamenta los obstáculos que pone a la investigación el Gobierno español, como reveló Wikileaks.

El objetivo de la familia es llevar ante la justicia a esos tres militares, dos de los cuales siguen en el Ejército mientras que el teniente coronel da clases de Ciencia Política en una universidad. ¿Puede una familia imponerse a EEUU? El tiempo lo dirá, aunque, como dice su abogado, este juega a favor de los Couso: «No tenemos prisa. No podrán tenerlos siempre enclaustrados en EEUU. Algún día tendrán que salir. Si Pinochet fue detenido, ellos también».

Públicado en el “Cuaderno del Domingo” de el Periódico